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Conflicto minero de Ayacucho de 2021
El conflicto minero de Ayacucho de 2021 inició el 28 de octubre cuando grupos opositores a la explotación minera iniciaron un paro indefinido.[1] El conflicto se agudizó cuando un grupo de 500 manifestantes tomó los campamentos Apumayo, Inmaculada, Breapampa y Pallancata.[2] El 31 de octubre, la premier Mirtha Vásquez anunció el fin del paro y la instalación de una mesa de diálogo.[4] AntecedentesLos pobladores de las provincias ayacuchanas de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara iniciaron sus demandas contra el uso de las cabeceras de cuenca por parte de las compañías mineras en 2019.[5] Durante el gobierno de Francisco Sagasti se había iniciado conversaciones entre las minerías y los pobladores, se llegó a instalar una mesa de diálogo. No obstante, el gobierno de Pedro Castillo (instalado en julio de 2021) suspendió el diálogo iniciado por su predecesor.[3] InicioLos manifestantes denunciaron la contaminación ambiental producida por los campamentos mineros Apumayo, Inmaculada, Breapampa y Pallancata.[1][2][5] El 28 de octubre de 2021 bloquearon las entradas a los campamentos reclamando el cese de las actividades. Las empresas mineras solicitaron iniciar un diálogo con los dirigentes de la protesta.[3] EnfrentamientosLos enfrentamientos escalaron el 30 de octubre de 2021, a las 11:00 a. m., cuando un grupo de 500 manifestantes ingresaron al campamento minero de Apumayo e incendiaron los campamentos de los trabajadores, además de realizar destrozos y hurto.[1][2] La Policía Nacional del Perú intento retirarlos, pero se vieron superados en número y tuvieron que replegarse. El enfrentamiento dejó diez personas heridas. Los heridos fueron trasladados al hospital de Apoyo en el distrito de Coracora.[2] El 31 de octubre, a las 2:00 p. m., 100 miembros del Frente de Defensa de Chumpi irrumpieron en el campamento minero Breapampa provocando un incendio en su taller mecánico.[2][3] Ese mismo día, la premier Mirtha Vásquez anunció el fin del paro de las protestas mineras, la instalación de una mesa de diálogo y el inicio de una investigación por los disturbios producidos en los días anteriores.[4] El 11 de noviembre se reunirían en la ciudad de Coracora.[6] ConsecuenciasLa empresa Apumayo notificó que el destrozo en los campamentos mineros y las plantas de procesamientos en estos lugares puede ocasionar un derrame de solución cianurada y aguas ácidas a los cuerpos acuáticos naturales alrededor de los campamentos.[2] Asimismo, invocó a la población que no caiga en «provocaciones o medias verdades por parte de terceros» que solo buscan «protagonismo político» mediante el vandalismo.[2] South America Mining Investments, dueña de Breapmapa, manifestó que el alcalde de Chumpi presuntamente intentó extorsionar a la empresa afirmando que «correrá sangre» si no cedían a sus reclamos. South America solicitó ayuda al gobierno peruano.[2] Referencias
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