Derecho de persecución en alta mar

Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada. Busca fuentes: «Derecho de persecución en alta mar» – noticias · libros · académico · imágenes Este aviso fue puesto el 22 de diciembre de 2013.

El derecho de persecución en alta mar (Hot Pursuit, en inglés) es un derecho recogido por el Derecho Internacional que supone una limitación a la libertad de navegación^[1]​, que es una de las cuatro libertades tradicionales recogidas en el Convenio de Ginebra de 1958 sobre Alta Mar y en la Convención de 1982. Este derecho internacional consiste en que las autoridades marítimas del Estado ribereño pueden perseguir en alta mar, con legitimidad internacional, a un buque con bandera de otro Estado, en el caso de que haya motivos fundados de que ese buque extranjero haya cometido una infracción a las “leyes y reglamentos” del Estado ribereño.

El derecho de persecución está cuidadosamente regulado, ya que su ejercicio deberá ser realizado bajo las siguientes condiciones cumulativas^[2]​:

1. Que se inicie la persecución cuando el buque o sus lanchas se encuentren en las aguas interiores, aguas archipelágicas, en el mar territorial o en la zona contigua del Estado ribereño (arts. 23.1 del Convenio de 1958 y 111.1 de la Convención de 1982).
2. Que se realice por buques de guerra, aeronaves militares o barcos afectos a un servicio público y especialmente autorizados para ello (art. 23.4 y art. 111.5 de la Convención).
3. La persecución debe comenzar después de haberse dado una señal visual o auditiva desde una distancia que permita al buque perseguido verla u oírla (artículo 23.3 y art. 111.4 de la Convención).
4. La persecución debe ser continua, es decir, que no se interrumpa desde que se inició en las aguas interiores, aguas archipelágicas, mar territorial, zona contigua o zona económica exclusiva, y puede entonces continuarse en Alta Mar (art. 23.1 y art. 111.1 de la Convención).
5. La persecución deberá cesar cuando el buque haya entrado en el mar territorial del Estado de su pabellón o en el de un tercer Estado (artículo 23.2 y art. 11.3 de la Convención).