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José Domingo Pérez
José Domingo Pérez Gómez (Miraflores, 15 de diciembre de 1976) es un abogado peruano que ocupa el cargo de fiscal titular de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. Es conocido sobre todo por su lucha contra la corrupción política en el Perú.[1] BiografíaEstudió en el colegio La Salle de la ciudad de Arequipa. Es abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, magíster en derecho constitucional por la misma universidad, magíster en derecho con orientación en ciencias penales por la Universidad José Carlos Mariátegui, magíster en gestión pública por la Universidad ESAN y magíster en derecho empresarial por la Universidad Católica de Santa María. Es profesor universitario de la Universidad José Carlos Mariátegui, la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Escuela del Ministerio Público. Carrera profesionalJosé Domingo Pérez empezó su carrera en el Ministerio Público en el 2005 como fiscal adjunto titular en la fiscalía provincial mixta de Maynas, del Departamento de Loreto.[2] Posteriormente también representó al Ministerio Público en los Departamentos de La Libertad, Moquegua y Lima. Algunos de los casos, parte de ellos relacionados con la corrupción, a cargo del Fiscal:[3]
Trayectoria fiscalEn Moquegua, fue fiscal provincial penal corporativo de la Provincia de Mariscal Nieto de 2008 a 2011, estuvo a cargo de las investigaciones por el Moqueguazo, cuando en el 2008 casi 60 policías fueron retenidos por los manifestantes. Producto de esta investigación solicitó 35 años de cárcel para la exgobernadora regional Cristala Constantinides, investigó también a Zenón Cuevas Pare y al entonces gobernador Martín Vizcarra.[5] En Lima, como fiscal anticorrupción titular ha sido responsable de las investigaciones sobre el empresario dominicano Fortunato Canaán y el exministro aprista Rómulo León Alegría por el Caso Petroaudios, para quienes pidió cinco años y cuatro meses de prisión.[6] Durante un tiempo, investigó la compra de testigos en el Caso Madre Mia, que involucró al expresidente, Ollanta Humala y a su entorno militar de confianza.[7] Luego este caso fue derivado a otro despacho por la Fiscalía de la Nación. A cargo de la fiscalía anticorrupción inició las investigaciones sobre el contrato para la construcción de la autopista Línea Amarilla y sobre el Caso Chinchero, por la adenda suscrita entre el Gobierno y el Consorcio Kuntur Wasi sobre el contrato de construcción del aeropuerto de Chinchero. En noviembre de 2018, el entonces Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, lo retiró del Caso por supuestamente no haber actuado con mayor firmeza e investigación.[8] Primeros años de fiscal del Caso Lava JatoVéase también: Caso Odebrecht en Perú
Como parte del Equipo Especial del Ministerio Público, el fiscal ha desarrollado investigaciones sobre lavado de activos, investigando a la ex primeras damas, Keiko Fujimori (Cocteles) y Nadine Heredia (Gaseoducto), pero también sobre los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y Alejandro Toledo por los sobornos del Caso Odebrecht y además del financiamiento ilícito de sus campañas electorales.[9] En diciembre de 2017, allanó los locales partidarios del Partido Fuerza Popular, en el marco de las investigaciones a la Lidereza de Oposición, Keiko Fujimori. En febrero de 2018, interrogo al exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien le confeso haber aportado ilegalmente a todas las campañas electorales de 2006 y 2011. El 24 de julio de 2018, es nombrado fiscal integrante del Equipo Especial sobre los sobornos del Caso Lava Jato en nuestro país, por el Fiscal Superior, Rafael Vela En el Caso Metro de Lima, pidió, a mediados de octubre de 2018, la detención preliminar de dos funcionarios vinculados a sobornos por parte de la brasileña Odebrecht. Incluso pidió la prolongación de la Cárcel Preventiva del Ex Viceministro, Jorge Cuba y varios exfuncionarios del Ministerio de Transportes. Durante el mes de octubre, pidió la detención de la Líder Opositora, Keiko Fujimori y de 19 personas más, entre ellas, los exministros del régimen de su padre, Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, de la ex congresista, Aurora Torrejón, de los tesoreros, asesores y personas ligadas al Partido, Fuerza Popular, además del allanamiento de los inmuebles de todos los involucrados. Esta decisión fue revertida por el Poder Judicial, siete días después. Más tarde pidió la prisión preventiva para 11 personas vinculadas al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Fuerza Popular, la líder del Partido, Keiko Fujimori; sus asesores políticos, Ana Hertz, Pier Figari; su secretaria personal, Carmela Paucara; los Tesoreros de su partido, Adriana Tarazana y Luis Mejia Lecca; el exoperador político de Vladimiro Montesinos, Vicente Silva Checa; además de los exministros del régimen de su padre, Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, entre otras personas del entorno de Keiko Fujimori y su esposo, Mark Vito, como los empresarios, Jorge Yoshiyama y Giancarlo Bertini Vivanco. Acusados de Lavado de Activos en relación con el dinero ilícito de la Brasileña Odebrecht y otras actividades del empresariado. Allano el estudio de abogados, "Ore Guardia" ligado al Partido, Fuerza Popular por el delito de obstrucción a la justicia, tras ello, pidió la comparecencia con restricciones para seis abogados vinculados a Fuerza Popular, entre ellas, Giuliana Loza, abogada de Fujimori y su esposo. Después ordenó el impedimento de salida del país para el esposo de Keiko Fujimori, el empresario estadounidense, Mark Vitto, y para varios supuestos aportantes. En el mes de noviembre, pidió el impedimento de salida del país para el expresidente peruano, Alan García, acusado de Lavado de Activos, Tráfico de Influencias y Colusión, por sus vínculos con Odebrecht.[10] Suspensión del cargo por Pedro ChávarryEn el mes de diciembre, es separado del cargo del equipo especial, junto a su jefe, el Fiscal Coordinador de Lavado de Activos, Rafael Vela; por el cuestionado Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Después de tres días, es repuesto en su cargo tras diversas críticas al Fiscal de la Nación. Además de las marchas de diversos sectores políticos y sociales que exigían su retorno y el de Rafael Vela. Acusando a Pedro Chávarry de tener vínculos con el Partido, Fuerza Popular y el Partido Aprista Peruano, Chávarry finalmente renunció al cargo de Fiscal de la Nación. Después de su retorno, allanó con una orden judicial, las oficinas de los asesores de Pedro Chávarry por ocultar información relacionada con la investigación que se le seguía a Fuerza Popular, pero tras no obtener la orden en mano, se tuvo que suspender la diligencia que fue aprovechada por el Fiscal Pedro Chávarry con sus agentes de seguridad y asesores para deslacrarla y sacar todos los documentos incautados por los fiscales, hecho que quedó registrado con las cámaras de seguridad del Ministerio Público. Tras descubrirse esto, el Poder Judicial prohibió su salida del país por 9 meses tras haber incurrido en los delitos de encubrimiento real e invadir una propiedad lacrada por la justicia. Investigación de involucrados a Odebrecht y otros casosEn el mes de marzo, interrogo a exejecutivos de la empresa Brasileña Odebrecht, quienes le revelaron datos reveladores para sus investigaciones, por ejemplo:
A inicios del mes de marzo, cerró el acuerdo de colaboración eficaz con el empresario peruano-israelí, Josef Maiman, en el marco de las investigaciones por el delito de Lavado de Activos, Tráfico de Influencias y Colusión a Alejandro Toledo y la ruta del soborno que las empresas brasileñas le hacían al Expresidente de la República. Ese mismo mes, ordenó la prisión preventiva y detención del empresario, Gonzalo Monteverde, Ejecutivo del Grupo Monteverde; de su esposa, María Isabel Carmona; de su socio, José Salinas y de dos colaboradores de su empresa. Los Tres primeros permanecen en calidad de prófugos de la justicia, mientras que los dos últimos fueron detenidos. Asimismo se allanaron las casas y oficinas de todos los involucrados. Acusados de Lavado de Activos y Colusión Agravado. Debido a un interrogatorio fiscal en el marco de las campañas electorales del Año 2006 y 2011, envió un oficio al Fiscal Superior, Rafael Vela para que se abriera una investigación a la excongresista, Lourdes Flores, por el delito de Lavado de Activos relacionado con aportes de la empresa Odebrecht, dicha petición fue aceptada y quien realizara la investigación será su colega, el fiscal del equipo especial, Carlos Puma. En el mes de abril, ordenó la detención preventiva del expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, de su chofer y de su secretaria personal, acusados de Lavado de Activos, debido a las consultoría de la empresa Wesfield Capital con la Brasileña, Odebrecht, cuando el exgobernante se desempeñaba como presidente del Consejo de Ministros del expresidente, Alejandro Toledo, asimismo pidió el allanamiento del domicilio y las oficinas del exmandatario peruano. También ordenó el impedimento de salida del país por 18 meses, para el expresidente del Parlamento y exministro del Interior, Luis Alva Castro, acusado de Lavado de Activos, relacionado con aportes de la Brasileña Odebrecht al Partido Aprista Peruano en el año 2006. El fiscal Peréz también asumió la carpeta fiscal por lavado de activos del exministro de Producción y exsecretario del despacho presidencial del expresidente, Alan García, Luis Nava. Tras hallar índices de Lavado de Activos y Cohecho Pasivo, pidió el impedimento de salida del país del exsecretario y de su hijo; José Nava, gerente de Transportes "Don Reyna"; por haber recibido dinero de la Brasileña Odebrecht a través de contratos ficticios con Transportes "Don Reyna", el estudio de abogados, "Nava y Huesa" además de las Cuentas en la Banca Privada de Andorra, a nombre del exvicepresidente de la estatal Petro-Perú, Miguel Atala y su hijo; Samir Atala, con destinatario final que sería para el expresidente peruano Alan García. El 17 de abril, ordenó la detención del expresidente peruano Alan García y de su entorno más cercano como el exministro de Transportes de su gobierno, Enrique Cornejo; el exministro de la Producción, Luis Nava Guibert; el exdirector de Petro-Perú, Miguel Atala; el exdirector de la Cámara autónoma del Tren Eléctrico, Oswaldo Plascencia, entre otras 4 personas. Todos Acusados de operar mediante una organización criminal dedicada al Lavado de Activos, Tráfico de Influencias y Cohecho para beneficiar a Odebrecht durante el segundo gobierno del Partido Aprista Peruano. Sin embargo, el expresidente de la República decidió tomar una fatal decisión y en medio del allanamiento en su vivienda, él se dirige a su habitación y se dispara en la cabeza con un arma de fuego luego es trasladado al hospital Casimiro Ulloa. El exgobernante Peruano, Alan García muere a las 10:15 tras sufrir tres paro cardiorrespiratorios. Del 23 al 26 de abril, estuvo en Curitiba, Brasil interrogando al ex mandamás de la Brasileña Odebrecht en el Perú, Jorge Barata donde este último reveló:
El 21 de abril ordenó la prisión preventiva del expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski y de sus dos colaboradores (su secretaria y su chófer) además ordenó la misma medida para el inversionista chileno, Gerardo Sepúlveda. El Poder Judicial dictó 36 meses de Arresto Domiciliario para el expresidente y ordenó comparecencia restringida con impedimento de salida del país para su secretaria, Gloria Kisic y de su chófer, José Luis Bernaola. El 28 de abril, ordenó la prisión preventiva de los 8 funcionarios del Segundo Gobierno del Fallecido Expresidente, Alan García, entre ellos estaban los exministros, Enrique Cornejo y Luis Nava Guibert. El exdirector de Petro-Perú, Miguel Atala, El Ex Director del Metro de Lima, Oswaldo Plascencia, dos funcionarios del MTC y los hijos de Nava y Atala. Durante las audiencias en el Poder Judicial, Los Atala y el Hijo de Luis Nava, José Nava Mendiola, se acogieron a la confesión sincera, y a cambio el Poder judicial dictó comparecencia restringida para Samir Atala y José Nava Mendiola, en el caso del exdirector de Petro-Perú, Miguel Atala se ordenó su arresto domiciliario. Al exministro, Luis Nava Guibert se le impuso prisión preventiva. Mientras que el Juez no aceptó la petición de Prisión Preventiva para el exministro, Enrique Cornejo y otros cuatro implicados en el caso, dejándolos con comparecencia restringida. Más tarde, el Fiscal pidió la incautación de dos celulares del Fallecido Líder Aprista. En agosto, ordenó la prisión preventiva por 36 meses contra los exejecutivos de la empresa, Graña y Montero; José Graña y Hernando Graña, acusados de lavado de activos y tráfico de influencias;[11] pero, en plena audiencia, este desistió del pedido al saber que ya eran colaboradores eficases con la Fiscal Geovana Mori en el Caso Gaseoducto del Sur. Lo que servirá para que los exejecutivos de la compañía den información sobre otras obras. Involucró a los casos IIRSA, Metro de Lima, Club de la Construcción y Gaseoducto del Sur. En octubre, formalizo la investigación preparatoria contra el director del Banco Central de Reserva del Perú, José Chlimper, por los presuntos delitos de lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal en agravio del Estado tras haber participado en la campaña de Keiko Fujimori, se le acusa de haber dado información falsa a la ONPE y haber sobornado a un director de Radio Programas del Perú. Ese mismo mes, tras la confesión sincera del exministro, Luis Nava Guibert, exsecretario del fallecido expresidente, Alan García, allanó la casa de Playa de la pareja del expresidente, Roxanne Cheesman, esto tras haberse revelado que fue adquirido con dinero ilícito de la Brasileña Odebrecht, al mismo tiempo pidió a la Fiscalía de Perdida de Dominio, incautar los bienes de Alan García, como un terreno en Las Casuarinas, la casa de playa de su expareja en "Los Cocos" y un embarcadero de Lujo en la Costa verde. Incluso incluyó a la última pareja de Alan García, Roxanne Cheesman, en la investigación por Lavado de Activos en la modalidad de ocultamiento. Tres días después de la disolución del Parlamento, viajó a Sao Paulo para interrogar al exejecutivo, Jorge Barata, por los 71 codinomes que aparecieron en la planilla de operaciones estructuradas, solo pudo identificar algunos, entre ellos, se encontraban, algunos ex congresistas como Javier Velásquez Quesquén y Yehude Simon Munaro (Sipan); el exministro de Justicia, Aurelio Pastor (Pastor Alemán), los exalcaldes capitalinos; Luis Castañeda Lossio y Susana Villarán con la excongresista, Lourdes Flores (Camphana Regional); el expresidente, Alejandro Toledo (Oriente), etcétera. En el mes de noviembre, pidió comparecencia restringida para el director del Banco Central de Reserva, José Chlimper, por diversos cargos de corrupción y Lavado de Activos que supuestamente realizó cuando era Secretario general del Partido, Fuerza Popular. Ese mismo mes, interrogó a 15 empresarios, pertenecientes a la clase empresarial del Perú, por aportes irregulares al Partido Naranja, ejecutivos como Dionisio Romero (Credicorp) y Vito Rodríguez (Gloria) quienes aportaron al Partido de Keiko Fujimori en el 2011 y en el 2016. En el mes de noviembre, tras la liberación de Keiko Fujimori, cito a diversos empresarios del Club de la Construcción, esto tras la revelación de Jorge Yoshiyama, quien declaró que varios empresarios de esta organización aportaron discretamente a la Campaña de 2011. Incluso el sobrino del Empresario, Juan Rasmmus Echecopar, declaró que también financió la campaña de 2011 y la de 2016. Tras la grave situación de Keiko Fujimori, el fiscal Pérez, volvió a pedir la prisión preventiva de la lidereza de Fuerza Popular tras haber recabado varios indicios que probarian la tesis Fiscal del Ministerio Público. Incluso pidió la incorporación de Fuerza Popular a la presente investigación para futuras sanciones como su disolución, petición que fue aceptada. Ese mismo mes, realizó dos allanamientos realizados a la investigación de Fuerza Popular, una de ellas fue la inspección a las oficinas de la empresa Claro ubicadas en el distrito de La Victoria. Y el otro allanamiento se realizó a las instalaciones principales de la Confiep en San Isidro. Tras ello, empezó a citar a 78 personas vinculadas a la investigación del Partido, Fuerza Popular. En enero de 2020, el Fiscal pidió la incautación de tres inmuebles del prófugo empresario Gonzalo Monteverde, investigado en el caso Odebrecht y a sus empresas, según el Ministerio Público, el empresario y su esposa utilizaron las empresas para lavar más de 29 millones de Odebrecht ilícitamente. El 27 de enero de 2020, logró que el Poder Judicial acepte el pedido de 15 meses de prisión preventiva a Keiko Fujimori. Una semana después, ordenó al Poder Judicial una Segunda orden de allanamiento contra el Local Principal de Fuerza Popular en el Centro de Lima. Petición aceptada por el Poder Judicial. El 24 de enero de 2020, logró que el Poder Judicial ordene la detención del ex primer ministro y excongresista, Yehude Simon por 10 días, esto debido al Caso del Proyecto Olmos. Con él fue detenido el Jefe del Proyecto Olmos, Pablo Salazar Torres. Ambos son acusados de Lavado de Activos y Cohecho Pasivo por presuntos aportes de Odebrecht a la Campaña de Reelección del entonces gobernador en el año 2008. El 26 de febrero de 2020, logró que el Poder Judicial ordene 2 meses de impedimento de Salida del País contra el Empresario e inversionista Chileno, Gerardo Sepulveda, quien regreso al Perú días antes. Esta medida fue avanzando a lo largo de los meses hasta que finalmente venció en el mes de diciembre de 2020, haciendo que el empresario chileno retorne a su país luego de haber declarado ante el Ministerio Público en varias oportunidades por sus nexos con la empresa Odebrecht. Ese mismo día, pidió que el congresista de Alianza para el Progreso, Humberto Acuña, no pueda salir del país por 18 meses, petición que no fue evaluada debido a que asumió funciones congresales teniendo inmunidad que tendrá que ser levantada por la Corte Suprema. En mayo de 2020, logró que el Poder Judicial amplie la orden de prisión preventiva por 12 meses en contra del exasesor de Keiko Fujimori, Pier Figari. En junio de 2020, amplio la investigación preparatoria por el Caso de la Interoceánica Tramo Norte en contra del expresidente de la República Pedro Pablo Kuczynski; el ex primer ministro, René Cornejo Díaz; el expresidente del congreso, Carlos Ferrero Costa; los exministros, Alfredo Ferrero Diez Canseco, José Javier Ortiz Rivera y el excongresista, Juan Sheput Moore, quienes, según la fiscalía, integraron el Consejo Directivo de Proinversión. Asimismo contra otros funcionarios que participaron en la licitación de la obra. En agosto de 2020, abrió una investigación preliminar contra los exministros de Alejandro Toledo por el Caso de la Carretera Interoceánica, entre ellos están el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, los exjefes de Gabinete Ministerial: René Cornejo y Fernando Zavala, el exministro de Justicia, Fernando Olivera, el expresidente del Congreso, Carlos Ferrero, etc. En donde son acusados de haberse coludido con funcionarios de Odebrecht para sacar ventaja a la licitación de la Carretera Interocenica apoyando el soborno al expresidente, Alejandro Toledo. Ese mismo mes, abrió una investigación preliminar contra el excandidato presidencial, Julio Guzmán, por el delito de Lavado de Activos en relación con su última campaña presidencial. Tras la salida del Fiscal del Caso Lava Jato, Carlos Puma. José Domingo Pérez asumió la investigación relacionada con la exalcaldesa Susana Villaran, y a sus funcionarios municipales, también asumió la investigación de allegados a la entonces alcaldesa, como los exministros, Jorge Nieto Montesinos, Anel Towsend y la ex congresista, Marisa Glave. Ante ello, las investigaciones por aporte de campaña en el Caso de Julio Guzmán, Alejandro Toledo (Abrahan Dan On), Pedro Pablo Kuczynski (Susana de la Puente) y el Partido Aprista (Luis Alva Castro) pasan a manos del Fiscal Walter Villanueva, mientras que la investigaciones sobre la IIRSA-Sur (Colusión-Ministros) paso a manos del Fiscal Germán Juárez y la del Metro de Lima (Jorge Cuba y ex funcionarios) paso a manos de la Fiscal Geovana Morí. En septiembre del 2020, pidió que el Poder Judicial dicte una medida de impedimento de Salida del País contra el exministro del régimen fujimorista y ex secretario del Partido Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama, debido a que se había vencido la orden de arresto domiciliario que mantenía. En diciembre del 2020, amplio la investigación contra Keiko Fujimori, y otras personas de su entorno, atribuyendo responsabilidad penal para el banquero, Dionisio Romero Paoletti, que reveló haberle dado millonarias cantidades de dinero a la excandidata presidencial para su campaña electoral del 2011 y del 2016. En enero del 2021, interrogo por videoconferencia para al brasileño, Fernando Migliaccio, exdirectivo de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht, quien reveló más detalles acerca de las entregas de dinero a la ex alcaldesa, Susana Villaran. En febrero del 2021, logró que el Poder Judicial ordene 8 meses de Impedimento de Salida del País contra el hija de Luis Nava Guibert, José Nava Mendiola, además de Carlos Nava Guibert, hermano de Luis Nava, y Rodrigo Pérez Albela, extrabajador de la empresa Transportes Don Reyna, por el presunto delito de lavado de activos con agravante de ser cometido en organización criminal, en agravio del Estado, esto tras la investigación contra la Familia Nava además de los nexos con la empresa Odebrecht y Transportes Don Reyna. En 2024, Pérez volvió al caso Alan García para extraer información de los celulares del difundo expresidente.[12] Solicitud de medidas cautelares de la CIDHEn 2021, el fiscal consiguió solicitar las medidas de protección de la CIDH tras investigar la crisis electoral de 2021.[13] Las medidas fueron ratificadas en 2023.[14] Durante este período, Domíngo Pérez fue objeto de amenazas por parte de grupos radicales, como La Resistencia. En 2024, la autoridad presentó una denuncia contra el colectivo tras un ataque sufrido.[15][16] En 2025, supuestamente fue acosado por periodistas de Willax Televisión para que admitiera haber cometido actos que él negó, y fue grabado sin su consentimiento.[17] ControversiasSobre el MoqueguazoMedios locales acusaron de supuestamente no haber formalizado denuncia alguna contra el entonces dirigente Martín Vizcarra por los acontecimientos de violencia que paralizaron el departamento de Moquegua en 2008, dejando afuera a los líderes de la insurreción.[18][19] Caso ChincherosEntre 2016 y 2018 su esposa, Vannesa Medina Muñoz, fue asignada como coordinadora de compras corporativas del organismo público adscrito Perú Compras, dependiente del Ministerio de Economía y Finanza durante la gestión de la ministra Claudia Cooper y la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski —sucedida luego por Martín Vizcarra—.[20] En este período estalló el escándalo de corrupción del Aeropuerto Internacional de Chinchero y Domingo Pérez en vez de excluirse al tener a su cónyuge introducida en el escándalo decidió formar parte del equipo de investigación y no mostró ninguna oposición al momento del archivamiento del caso por el entonces fiscal de la nación Pablo Sánchez Velarde.[21][22] Declaraciones sobre el conflicto armado internoEn 2018, el fiscal José Domingo Pérez generó controversia al referirse a la lucha del Estado contra los grupos terroristas como una «guerra civil». Sus declaraciones, formuladas en el marco de un evento público desde México, motivaron que congresistas como Jorge del Castillo y Carlos Tubino presentaran una denuncia ante la Comisión de Defensa del Congreso por supuesta apología al terrorismo.[23][24] El incidente generó un fuerte rechazo entre parlamentarios fujimoristas, quienes, a través de Marco Miyashiro, lo acusaron de «[hablar] como un defensor de los terroristas».[25] Ante esta situación, el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes para que Pérez explicara el contexto y los argumentos que respaldaban sus afirmaciones.[26] El caso fue reabierto un año después,[27] con el fiscal reiterando su posición y aclarando que sus palabras no buscaban menospreciar la memoria del conflicto interno ni a las víctimas del terrorismo.[28] Aquella la controversia generó un debate público sobre la pertinencia del uso de terminología bélica al referirse a la lucha contra el terrorismo, así como sobre la libertad de expresión de los funcionarios públicos. Gino Costa, legislador no agrupado, sostuvo que el fiscal empleó indebidamente las expresiones para «referirse al terrorismo». Sin embargo, también observó que Fuerza Popular junto al APRA buscaron exagerar la situación «para distraerlo de sus tareas [de fiscal] y traer [a la fuerza] al Congreso».[29] El columnista Oscar Rosales Krumdieck, de Perú 21, mencionó el incidente como un ejemplo de terruqueo por parte de Marco Miyashiro.[30] Declaraciones sobre extradición de Alejandro ToledoEn 2023, el Ministerio Público, liderada por Patricia Benavides, abrió una investigación contra Domingo Pérez luego de dar declaraciones contra el proceso de extradición del expresidente Alejandro Toledo a cargo de Benavides.[31][32] El fiscal señaló en Canal N que existió una campaña para hostigarlo hacia él y sus compañeros contra la labor de Benavides.[33] Días después, ante respuesta de un eventual acoso, la fiscal de la Nación alertó que «quienes hoy levantan su voz dentro de nuestra institución tendrán que demostrar lo que afirman y hacerse responsables por sus mentiras»;[34] el resultado fue un proceso disciplinario contra Pérez por «faltar el respeto» en la labor de Benavides.[35] El exrelator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, criticó la falta de fundamentación en las medidas dictadas contra Pérez y su compañero Rafael Vela.[36] Con el escándalo de corrupción en el Ministerio Público, Domingo Pérez comparó Patricia Benavides con Blanca Nélida Colán.[37] Declaraciones de Jaime VillanuevaEn las declaraciones brindadas por Jaime Villanueva replicadas por Willax Televisión, éste sindicó que el periodista Gustavo Gorriti era el que dirigía las investigaciones de Rafael Vela y Domingo Pérez en el Caso Cócteles.[38] Además, Villanueva declaró que él fue quien seleccionó a Domingo Pérez y que este aceptó entrar con la condición de que su bono como fiscal anticorrupción se mantenga por lo que «tuvieron que hacer una serie de malabares administrativos para que el señor vaya con su bono».[39] Véase tambiénReferencias
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