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Superintendencia del Medio Ambiente de Chile
La Superintendencia del Medio Ambiente (abreviado SMA) es un servicio público chileno creado por medio de la Ley Nº20.417, con carácter descentralizado, personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente, y cuyos cargos directivos son provistos de acuerdo al sistema de Alta Dirección Pública. El 3 de enero de 2023 asumió como Superintendenta la abogada Marie Claude Plumer, quien se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo. HistoriaLa SMA inició sus actividades con la entrada en vigencia de su planta de personal, fijada mediante D.F.L. N°3, de 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, publicado en el Diario Oficial en septiembre de 2010. No obstante, las facultades fiscalizadoras y sancionadoras de la Superintendencia del Medio Ambiente, se encuentran subordinadas a la dictación de la ley que crea los Tribunales Ambientales y al funcionamiento de los mismos, proyecto de ley que se encuentra a octubre de 2011, en tercer trámite legislativo con suma urgencia, estimándose con ello el pleno funcionamiento de la SMA para mayo de 2012. FuncionesA la Superintendencia le corresponde de forma exclusiva ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley.[2] Para llevar a cabo dichas funciones, la Superintendencia podrá desarrollar esta labor mediante tres modalidades de fiscalización. En primer lugar, mediante una modalidad directa, a través de sus propios funcionarios; en segundo lugar, a través de los organismos sectoriales, pudiendo encomendarles determinadas labores de fiscalización sobre la base de los programas y subprogramas que se definirán en conjunto para tal efecto; y, finalmente, mediante terceros debidamente acreditados y autorizados por la Superintendencia. Asimismo, la SMA posee la rectoría técnica de la actividad de fiscalización ambiental, por cuanto deberá establecer los criterios de fiscalización que deberán adoptar todos los organismos que cumplan funciones de fiscalización ambiental para efectos de llevar a cabo sus labores. Para cumplir con su objetivo central —proteger la salud de las personas y el entorno— la Superintendencia, tiene, entre otras, las siguientes funciones:
SancionesEl o la Superintendente/a puede aplicar a los infractores cuatro tipos de sanciones, las que van desde la amonestación por escrito hasta la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), incluyendo la aplicación de multas de hasta 10.000 unidades tributarias anuales.[3] Considerando la clasificación de las infracciones en gravísimas, graves y leves, la Ley especifica las sanciones aplicables a cada grado, así como los rangos de las multas en cada uno (artículo 56 y 57), de acuerdo a la siguiente tabla:
Superintendente/a del Medio AmbienteEl o la Superintendente/a del Medio Ambiente es nombrado por el presidente de la República, de conformidad al Sistema de Alta Dirección Pública y tiene entre sus funciones planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la institución. Asimismo, debe dictar instrucciones y aplicar las sanciones que correspondan de conformidad a lo establecido en la ley, entre otras funciones. La máxima autoridad de la institución tiene la responsabilidad a nivel nacional de organizar y coordinar la fiscalización del cumplimiento de los instrumentos de fiscalización ambiental.
Referencias
Enlaces externos
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