Ley de vagos y maleantes (Venezuela)
La Ley de Vagos y Maleantes fue una ley venezolana publicada el 22 de junio de 1939 y basada en la ley de vagos y maleantes de España. La ley clasificaba como «vagos» a aquellas personas desempleadas o que presuntamente trabajaban en profesiones ilícitas y constituían «una amenaza para la sociedad», mientras que definía como «maleantes» a proxenetas, apostadores, traficantes de drogas, de armas o de bebidas alcohólicas, pederastas, contrabandistas y ladrones de ganado, entre otros. La ley fue utilizada esporádicamente para detener a homosexuales acusados por la policía de prostitución. La Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de la ley en 1997. HistoriaLa Ley de Vagos y Maleantes fue aprobada por primera vez el 22 de junio de 1939 por el Congreso Nacional, durante el periodo postgomecista y el gobierno de Eleazar López Contreras, basada en la ley de vagos y maleantes aprobada durante Segunda República española. La ley fue publicada en la Gaceta Oficial N°19.956 el 14 de agosto.[1] La ley fue reformada en 1957, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y continuó vigente después de su derrocamiento y hasta la anulación de la normativa en 1997.[2] ContenidoEn su texto original aprobado en 1939, el primer artículo de la ley describía que: "Los vagos y maleantes, para su corrección y como medida de defensa social, serán sometidos al régimen de seguridad pautado en la presente ley".[1] La legislación no penalizaba la homosexualidad, a diferencia de la ley de vagos y maleantes española, pero establecía que los funcionarios de seguridad podían detener a las personas que considerasen que tenían "potencialidad" para delinquir.[2] La ley clasificaba como «vagos» a aquellas personas desempleadas o que presuntamente trabajaban en profesiones ilícitas y constituían «una amenaza para la sociedad», mientras que definía como «maleantes» a proxenetas, apostadores, traficantes de drogas, de armas o de bebidas alcohólicas, pederastas, contrabandistas y ladrones de ganado, entre otros. La ley fue utilizada esporádicamente para detener a homosexuales acusados por la policía de prostitución.[3] ReaccionesLos Comités Unitarios Pro-Amnistía (CUPA) fueron una de las primeras agrupaciones en criticar la Ley de Vagos y Maleantes en octubre de 1976 en su publicación "Ruptura",[4] y el Comité en Defensa de los Derechos Humanos de Venezuela pidió su derogación a comienzos de diciembre del mismo año en la publicación semanal "¿Qué hacer?".[5] Para marzo de 1988, organizaciones como Luto Activo y académicos como Elio Gómez Grillo, Tosca Hernández y Lolita Aniyar de Castro comenzaron la recolección de veinte mil firmas para solicitarle al Congreso Nacional la anulación de la legislación.[6] AnulaciónEl 17 de julio de 1985, el abogado José Fernando Nuñez introdujo una acción de nulidad por iniciativa propia ante la Corte Suprema de Justicia.[7]La ley fue declarada como inconstitucional en su totalidad el 14 de octubre de 1997 por la Sala Plena de la Corte Suprema.[8][7][9]En su sentencia, la Sala Plena determinó que la Ley de Vagos y Maleantes no castigaba el acto punible, sino a la persona, “se castiga al hombre por lo que es y no por lo que hace”, por lo que se concluyó que violaba los derechos a la libertad y a la seguridad personal establecidos en el artículo 60 de la constitución.[7] Véase tambiénReferencias
Bibliografía
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